INDUCCIÓN Y ETNOCIDIO CHIQUITANO - I

Entrevista a Rubén Darío Díez, Coordinador Técnico de la Coordinadora de Pueblos Etnicos de Santa Cruz – CPESC

¿Ha habido una consulta efectiva en el CPC y en las rondas de consulta?

Nosotros hemos visto de que el tema éste de la consulta se ha convertido en un simple show social, en un simple requisito para obtener la Ficha Ambiental para la construcción, ya que, primero, la modalidad de consulta no ha sido adecuada, en las comunidades particularmente. Hemos hecho observaciones a una primera consulta, donde se hacían simples levantamientos de espectativas de los comunarios, pero no se comentaba del impactoy del daño real que podría causar, ni de los beneficios que podría dar también, la construcción de la carretera. Eran reniones de levantamientos de datos, y para nosotros, eso no es consulta. Hubo una segunda consulta, y un cambio de operadores, en este caso viene el Consorcio Potlatch, Prime y el Museo, para mejorar una primera consulta y según versiones de ellos, por presión del tiempo que tenían, volvieron a incidir en lo mismo: hacer talleres de levantamientos de datos y lo único que se cersioraron de hacer, fue levantar acta de que ellos estuvieron en ciertas comunidades, transmitendo esta preocupación, o haciendo la consulta, como ellos lo llaman. Esa segunda consulta tampoco fue para nosotros, como entidades organizativas, bien elaborada. Por lo tanto, propusimos una metodología de consulta, que es la única experiencia que hasta ahora existe y que nosotros ahora podemos ya, orientar a otros procesos. Se formaron promotores del proceso de consulta, pero promotores indígenas. Fue un grupo de promotores que recibió la información directa de todo lo que ha sido y lo que es, el Estudio de Impacto Ambiental, lo que es el procedimiento para obtener la Ficha Ambiental, lo que son aspectos normativos para toda obra de esta magnitud, según la legislación nacional y además se llegó a concertar ciertos criterios para el tema de la exposición y levantamiento de datos de las comunidades. Entonces ésta tercera consulta es para nosotros la reconocida, la más, vamos a decir así, la consulta por la cual se debería trabajar, no es todavía una metodología acabada, es una primera experiencia, pero lastimosamente el presupuesto que demandó esta tercera consulta no fue aprobado ni por el prestatario, el BID, ni por el gobierno, porque todo el PPAS acendía a más de 350 millones dólares, para realmente resarcir los daños de acuerdo a la magnitud de los impactos. Entonces, ahí viene ya el tema de la manipulación de la consulta: Por desición del gobierno y por instrucción directa del gobierno al Consorcio que estaba contratado para hacer este trabajo, se le dice de que la consulta, los programas de resarcimiento de impacto ambiental no deben pasar de entre 15 a 20 millones de dólares para todos los programas que se puedan establecer. Entonces para nosotros desde ese momento hemos dicho de que no ha habido tal consulta, porque lo que se hizo como consulta quedó a un lado y hay ese estudio, pero ese estudio nunca se lo publicó y ha quedado ahí en archivo. Para las organizaciones indígenas plantearon un presupuesto de algo de 2 millones de dólares, y hubo una comisión del BID de alto nivel en la cual nosotros logramos participar en esa entrevista y dijimos de que éramos el sector más vulnerable a la construcción de este proyecto, y que económicamente no reflejaba la realidad entre el impacto y el resarcimiento que se debería hacer, o los programas de resacimiento que se tenían que hacer. Entonces, por recomendación de esta misión del BID, el presupuesto de 15 millones subió a 21 millones de dólares y se mejoró el presupuesto del tema tierras y el presupuesto del tema indígena. Desde ese momento, entramos nosotros a hacer una negociación de el proceso de consulta, en la que todo, todo lo que habíamos levantado como datos y demandas de las comunidades, la propuesta era solamente tema tierras y tema organizativo, entonces no había lo importante, lo vital, como era la parte productiva, la parte de infraestructura organizativa, y empezamos un proceso de, nuevamente, a negociar lo que ya habíamos trabajado como consulta, por eso es que decimos de que la consulta en realidad ha sido una derogación de gastos, o sea que se ha gastado dinero del Estado, el Estado ha gastado dinero para resultados que no los tomó en cuenta en su magnitud en el documento final.

Coméntenos sobre la negociación indígena con el BID del PPAS, y los resultados finales éste documento.

Después de que hubo la drástica reducción de las propuestas y presupuestos de las espectativas indígenas, entramos a un proceso de negociación con el Consorcio, particularmente con Prime, quien quedó a lo último responsable de la entrega final del documento, con personeros del BID, quienes eran en definitiva los que decidían si procedía o no procedía las demandas que nosotros hacíamos. Entre las principales demandas que planteamos nosotros, esuvo incorporar en el programa indígena aspectos productivos, que no estaban dentro de la propuesta borrador que nos hicieron llegar. Estaba también el hecho de la administración directa de los pueblos indígenas de estos recursos, en función a toda la normativa que pueda existir a un préstamo. Estaba también la creación de instancias operativas que puedan decidir las políticas y los cambios del programa indígena y no así la gerencia general que sería la UEP, sino una instancia indígena para lo cual se propuso una instancia. También propusimos como se debería establecer el fondo de fideicomiso. En el fondo de fideicomiso hubo un error de parte de la empresa y de parte del BID. Nosotros planteamos un fideicomiso de dos millones cien mil dólares, pero de manera perpétua. Cuando ya estuvo todo trabajado, en la reunión que tuvimos de propuesta para la negociación el BID, el BID nos dice que no hay esa figura de fondo de fideicomiso perpetuo, dentro de sus normativas de BID. Porque una operación bancaria de ellos, solamente tiene una duración máxima de 10 años. Entonces, desde ese momento tuvimos que transformar nuevamente este fonfdo de fideicomiso perpetuo en un fondo de fideicomiso que pueda estar establecido en los 10 años y que a los 10 años quede en cero, que no era la propuesta inicial que teníamos la organizaciones indígenas, pero tuvimos que acomodarnos a una normativa ya que después de los 10 años, saldos de préstamos que existe, son revertidos, entonces esa fue una situación drástica de cambio en toda nuestra composición de nustra estructura de propuestas. Muchas de nuestras porpuestas han sido aceptadas, y lo que quedó pendiente hasta la firma final del convenio de ejecución del Programa Indígena, ha sido el tema administrativo – financiero, ya que debe responder a dos situaciones prinicpales , una, al ser presupuesto de estado a la Ley SAFCO y al estar ligado a un préstamo del BID, a las normas administrativas y financieras del BID. Entonces, después de todo este proceso, nosotros hemos visto que la participación del Estado en todo esto ha sido absolutamente escasa, nula, solamente de, vamos a decir de, de veedores solamente, porque la relación se ha dado directa con el BID, si el BID decía sí, era sí, si decía no, era no. En definitiva el negocio ha sido con el BID, ni con la empresa ni con el gobierno.

¿Refleja el PPAS las demandas indígenas, hasta que punto?

El documento en realidad, despues de anularse la consulta es simplemente un programa paliativo, porque no vamos a poder cubrir ni siquiera el 20% de las espectativas de la comunidades, porque el presupuesto – bastante alto – para lograr hacer lo que se había planteado, llegar a lo que hemos logrado, de tres millones ciento ciencuenta y seis mil dólares, con los cuales vamos a subsistir en este impacto fuerte que va a ser la carretera. Entonces realmente, no sentimos que nuestros derechos y todos los impactos que van a haber en nuestras comunidades estén resarcidos economicamente de una manera justa.

¿Que comentario nos puede hacer sobre las funciones que ha cumplido como aparato de estado el CPC y sobre el proceso de consulta en este mismo aparato?

Para nosotros el CPC se ha convertido en una instancia, vamos a decir así, una instancia “filtro”, en la que las propuestas de la sociedad civil han sido acumuladas en esta instancia que esta llevada por el gobierno y ha sido sistematizada, analizada y muchas de ellas, que no van dentro de la espectativa que tiene las políticas del estado, o del gobierno que esté de turno, entonces son como si no existiesen. Hay muchas propuestas de la sociedad civil que no han sido tomadas en cuenta, particularmente nuestras propuestas indígenas han sido tomadas en cuenta en parcialidades. Esto talvez porque de alguna manera tenemos el respaldo de la Ley 1257 , Convenio 169 de la OIT, y hemos logrado parcialidades de nuestras propuestas, pero otras propuestas de los sectores sociales como campesinos, Comites Cívicos, no han sido en definitiva tomadas en cuenta, muchas porque no son acordes a las políticas de estado, otras porque son demandas, talvez porque no es el espacio en que se las deba discutir o tomar en cuenta, porque en todas las instancias sociales aprovechamos cualquier momento para plantear nuestras necesidades y demandas. Entonces esta instancia a la cual inclusive se estableció una reglamentación funcional, un proceso operativo para su funcionamiento, una directiva que pueda llevar adelante todo este proceso de consulta. En definitiva se convirtió simplemente en una instancia operadora del estado, en la que convocaba, invitaba, en finción a la visión que ellos tenían, si existía una necesidad de acelerar este proceso frente a la negociación del BID, había una reunión, si no había esa necesidad de aval social, no era necesiaria esta instancia. Entonces, estas instancias necesitan todavía reglamentarse en serio, necesita de que esté en manos de la sociedad civil organizada y necesita de que, de alguna manera, se los considere y se los tome en cuenta en el funcionamiento real de lo que son los procesos de consulta. Mencionaba yo, que nosotros como sector indígena hemos porpuesto una metodología de consulta para nuestras comunidades y pensamos de que este nivel de consulta, como este no es el único proyecto, sino de otro proyectos de estado, que estan tomando esta figura de cara social, tranatndo de que todo es transpatente, tenga metodologías de trabajo y además tenga también instancias de fiscalización de la osciedad civil.

¿Actualmente, a julio del 2003, en qué condiciones se encuentra el Comité de Participación y Consulta?

Lamentablemente como sector no conocemos ya su vida. Después de que se consolida el documento final del Programa de Protección Ambiental y Social, firmado en el mes de marzo, y fueron las últimas reuniones del CPC, no se ha retomado el trabajo de esta instancia de consulta. Hoy en día estamos ya en la parte de ejecución de el Programa, estamos con la firma última que hemos tenido según requisitos del Contrato dee Préstamo con el BID, se tenía que firmar convenios internos con todos los actores, nosotros como sector indígena hemos sido los últimos en firmar, después de todo un proceso de consensuar en contenido del documento del Convenio. El Gobierno y la UEP, están haciendo las gestiones para la legibilidad y el desembolso del primer presupuesto de este préstamo, y no hay iniciativas del estado ni de la viceministra de desarrollo sostenible, ni de la ministra, de promover o retomar el trabajo de la CPC. Eso nos muestra de que esas instancias sólo sirven y son útiles en ciertos momentos, después la sociedad civil pasa a ser simplemente manipulada por las desiciones.

¿Según los reglamentos, el CPC debería juntarse a convocatoria del Ministerio de desarrollo sostenible, una vez al mes durante el desarrollo de la obra, ested vé que eso no va a suceder o no está sucediendo?

No está sucediendo en el 2002, no tengo muy seguro de la última reunión en el mes de marzo a abril, posterior a eso no existe ninguna otra convocatoria, no ha habido ninguna otra reunión, o por lo menos nosotros como sector no hemops sido convocados para paraticipar de esta instancia de consulta. Y el nuevo gobierno ha asumido muy irresponsablemente esta situación y no esta promoviendo en las instancias pertininetes y competentes todo este proceso social de consulta de esta tan importante como es la carretera, y además de alto impacto de riesgo ecológico y social.

¿Hubieron muchas denuncias en el CPC al respecto de la participación del Museo Noel Kempff Mercado con la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano, que sucedió con estas demandas al interior del CPC; y pasa con la FCBC y la CPESC?

Bien, en el tema de la FCBC, no se la ha dado importancia, no se lo ha considerado la demanda de las comunidades indígenas y otras entidades ambientales referente a la violación de derechos que estaría cometiendo este “Consorcio Inrenacional”, vamos a decir así, dos nacionales y dos internacionales, y lo que hemos visto desde que – bueno, no es el Museo el que está dentro de este Consorcio sino es la Fundación Amigos del Museo, muy cerquita si de lo que es el museo, en realidad es su “cinturón del Museo” – entonces, hemos nosotros encaminado esta situación por otras vías, y la hemos ligado, no la hemos ligado, sino está ligada a lo que es el impacto ambiental y las maniobras y la corrupción de todo lo que es, lo que ha sido el manejo ambiental del gasoducto lateral a Cuiabá. Hemos planteado recursos y demandas y amparos ante diferentes instancias competentes del estado refernte a la FCBC, hemos llegado al Parlamento Nacional, hemos presentado nuestros informes de violación a los derechos indígenas referenet a esta entidad y el Bosque Seco Chiquitano, hemos anexado y hemos hecho llegar nuestra documentación a la Comisión del anterior gobierno que estaba investigando la corrupción de la ENRON, que es parte también de esta Fundación y hemos llegado a la Defensoría del Pueblo, hemos logrado de alguna manera que a Fiscalía Departamental no dé Personería Jurídica a esta instancia, pero todo eso ha quedado en simples trámites, en definitiva la política del restado esta de que las trasnacionales son la que se imponen, no importa el derecho de los pueblos, la soberanía ha quedado a un lado, entonces de todas maneras nosotros ya viendo de que con la FCBC no pasaba absolutamente nada, y en otras instancia no había nada, hemos empezado a hacer denuncias públicas internacionales, hemos participado de varios foros ecológicos – ambientales, en los cuales la principal demanda ha sido la violación de derechos de las transnacionales que constituyen este tipo de instrumentos de operación, como brazos operativos de ellos, como es esta supuesta Fundación, y hemos logrado de alguna manera ser escuchados en muchas de las instancias. Lastimosamente han habido recomendaciones de muchas Conferencias al estado boliviano, de que se tome en cuenta este problema, ha habido resoluciones de nuestra organización internacional, como es la “COICA”, al estado boliviano, para que se considere esta situación, se vea y se le dé viabilidad a las demandas de los pueblos indígenas, pero sin embargo no hemos logrado absolutamente nada en esta relación. La paralización de la personería jurídica a través del Prefecto y de la Fiscalía ha tomado otro curso, ha tomado el curso de que ese trámite ha quedado paralizado, pero han iniciado otro trámite, nuevo trámite, con todas las observaciones que se hizo de ese primer trámite, han empezado un nuevo trámite, y hoy en día estamos ya muy alertados porque sabemos que está la personería jurídica lista para la firma del Prefecto, y que, es simplemente desición del Prefecto, por muchas otras demandas que hemos tenido, que todavía no se ha firmado esa Personería. Pero eso nos demuestra a nosotros de que realmente las transnacionales has logrado apoderese de este aparato conómico del estado y ahora ya no hay entidad o autoridad que vele por los pueblos, por los ciudadanos, sino que son los intereses económicos que se están jugando. Eso está pasando con la FCBC, hemos relacionado el tema del Bosque Seco Chquitano al impacto ambiental del gasoducto lateral a Cuiabá, hemos pedido una Auditoria Ambiental al Ministerio de Desarrollo Sostenible, hemos hecho la denuncia a través de nuestro parlamentario indígena que tenemos en el parlamento, para que el parlamento tome acción sobre esta demanda de los pueblos indígenas referente al Bosque Seco Chiquiano y, a lo mucho que hemos logrado, hemos logrado que se haga una inspección ocular al impacto, en cumplimiento de todas las normas establecidas por ley sobre el gasoducto lateral a Cuiabá. En esta inspección ocular hemos constatado de que existen muchas violaciones de los derechos, y además muchas omisiones de las responsabilidades de la empresa referente al impacto ambiental, y ha sido para nosotros sorprendente encontrar de que en este mismo recorrido ocular, encontrar funcionando ya, una mina a un kilómetro del gasoducto lateral, que nunca fue contemplada en los pliegos. La mina “Don Mario”, que es propieda de COMSUR de Orvana Mineral Company, ubicada en San Juan, en la provincia de Chiquitos. Y que no parace dentro de todos los pliegos especificitorios del tema de la licencia ambiental, y esta funcionando con el gas del gasoducto lateral y con instalaciones super modernas. Entonces eso no esta considerado en los impactos ambientales de estudio preliminares que se han hecho, por ese motivo lo estamos haciendo públicamente.

¿Hoy por hoy, la CPESC, qué acciones esta tomando con respecto a la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano?

Despúes de la inspección ocular que ha hecho el estado, ha participado la misma empresa y también nosotros como sector social interesado. Hemos constatado que realmente existe violación de nuestros derechos, existe el incumplimiento de las acciones de mitigación de impacto ambiental y también hemos constatado de que realmente cada día más se ve amenazado esta reserva, nuestro bosque seco chiquitano. Es por ello que a través de un informe de esta inspección ocular, exigimos ahora al Ministerio de Desarrollo Sostenible, que se haga una Auditoría Ambiental, imparcial, que nos demuestre, que se haga constancia de que se esta violando derechos y se está dejando de hacer muchas cosas en desmedro de la zona, del ecosistema y de casi toda la población que vive alrededor del gasoducto y del bosque seco chiquitano. También estamos haciendo llegar todas nuestras denuncias a las autoridades directamente responsables como Enron y Shell, definitivamente, al Banco Mundial, que es financiador de todo este proceso y también estamos exigiendo a la misma empresa nacional encargada, como es la GTB, de que se cumpla con todos estos compromisos que se tienen, ya también vemos que no hay cumplimiento en el Plan de Desarrollo Indígena. No hay un verdadero resarcimiento de daños y hoy en día estamos planteado de que así como las empresas van a usufructuar de nuestros recursos naturales de los bolivianos por cuarenta años, también que rezarzan daños ambientales, sociales y culturales, por cuarenta años.

¿En cuanto a los Comités de Participación y Consulta en el área de hidrocarburos, que comentario nos puede hacer al respecto?

En el marco del Programa ILC que es financiado por el Banco Mundial, en la línea de estalecer coperativos, administrativos y sociales en el área de hidrocarburos el gobierno ha promovido la conformación, consolidación y funcionamiento de Comites de Participación y Consulta en el área de hidrocarburos. Se ha conformado un Comité a nivel nacional en la que participan entidades ligadas a esta instancia en la sociedad civil, vemos que para dirigir a la sociedad civil, ciertos grupos, ciertos sectores y se ha promovido la consolidación de Comites regionales, estos comites están funcionanado, uno por la zona de Trinidad, Beni. En Santa Cruz tenemos dos, uno que sería en la parte de la chiquitanía, amboró y todo lo que es la parte central de Santa Cruz, y que estaría funcionando en Santa Cruz y el tercero en la zona del Chaco, que estaría funcionando en Tarija. Cada uno de estos comites de consulta están en proceso de consolidación de estructuracón, pero vemos también que ya existe la firme intención que se conviertan en instancias manipuladoras de desiciones y de avales sociales. Como organizaciones indígenas, todavía nuestra participación todavía no ha sido efectiva en esa instancia, pese a la invitación que nos ha hecho el ministerio de desarrollo sostenible a participar, estamos haciendo un análisis de esta situación para ver la conveniencia o no, de formar parte de este proceso, en función a las funciones que vaya a tener.

¿Háganos un comentario sobre la participación indígena en las Áreas Protegidas?

Con experiencia en relación a las áreas en las cuales tenemos presencia los pueblos indígenas, como el parque Noel Kempff Mercado, el ANMI San Matías, El ANMI Otuquis, el Parque Ka Iya, de acuerdo a la reglamentación de la Áreas protegidas, se deben crear comites de participación. Estos comites de participación todavía no están incidiendo o funcionando tal como debería ser. En el caso del parque Noel Kempff Mercado, con su administrador es FAN, tenemos comunidades indígenas del Bajo Paraguá, familias guarayas, familias chiquitanas y familias guarasué, son más de ocho comunidades que están ahí afectadas, unas colindantes y otras dentro del parque y la participación directa de estas comunidades en este comité, todavía viene siendo presencial, viene siendo manipulada, viene siendo como una forma de avalar lo que el administrador del parque está haciendo. Porque en los momentos de la ejecución de los programas y en los momentos de la planificación de los programas y en el momento de la negociación del estado con el administrador, las comunidades indígenas no son tomadas en cuenta, solamente en este comité, que duran dos días, se pretende que los comunarios reciban una información grandísima del trabajo de un año, y que su firma avale la gestión de de esta manera estamos de alguna manera negando la participación, o la importancia de la comunidades indígenas dentro de las Áreas Protegidas, siendo de que gracias a las actividades conservacionistas de estas comunidades se han protegido estas áreas, sin necesidad de que exista una ley por encima de ellos. Entonces hoy en día el estado esta aprovechando el trabajo de las comunidades y poblaciones indígenas en función a que en esos lugares existe la mayor riqueza y biodiversidad en el país y está a manera de protegerla, también está negociando recuros genéticos, procesos de ecoturismo, de los cuales las comunidades no nos esta beneficiando, simplemente están siendo utilizadas.

¿En las Áreas Protegidas en el área de influencia del corredor bioceánico, el PPAS ha favorecido de alguna manera la participación indígena en la gestión de estas áreas?

En realidad no ha habido ninguna consulta en esa linea, pese a que son más de cuatro áreas protegidas las que están ahí, Parque Ka Iya, ANMI Otuquis, Reserva Nacional Santa Cruz la vieja en San José de Chiquitos. Solamente se ha visto la relación y la consulta directa a el SERNAP, la dirección nacional de Áreas Protegidas. Los actores sociales no hemos sido considerados en ningún momento en este Programa. Se supone de que como constructores de esta ecología, deberíamos ser considerados, deberíamos ser parte de estos programas, pero sin embargo no ha sucedido esta cuestión. Todavía nosotros como pobladores indígenas, las autoridades, los procesos de consulta no nos echan importancia, sino se atribuye al estado la administración de áreas, de reservas que son de los pobladores indígenas aledaños y que por norma hoy en día pasan a administración externa, muchas veces extranjera, que no valoran y no respetan la cultura ni el procedimiento o la concivencia de estas poblaciones.

¿Que nos puede decir de los impactos ambientales y psicológicos de las comunidades?

Lo primero que a nivel sicológico a vivel de espectativas de vida de los comunarios, en la promoción de todos estos proyectos, nos emocionamos y proyectamos mejores días para nuestras comunidades cuando nos muestran de que es una vía de desarrollo, entonces nos involucramos. Cuando empiezan los procesos de construcción de obras, como estas y otras que hemos vivido y somos simplemente espectadores de todo lo que esta pasando alrededor, por un lado y por otro lado somos nosotros los que asumimos los daños, los costos morales y socológicos del impacto de la construcción de la obra.

¿Refleja el PPAS del corredor de transportes Santa Cruz – Puerto Suárez, o favorece la participación indígena en las areas protegidas en el área de influencia del corredor de transportes?

Bueno, con respecto a si el PPAS refleja la participación indígena en lo correspondiente a las Áreas Protegidas, esto ha sido más dirigido entre el SERNAP, el FUNDESNAP a partir de un compromiso con el Ministerio de Desarrollo Sostenible. El proceso de consulta que ha habido para articular esta situación, para formular el Programa de Medio Ambiente, compuesto por Areas Protegidas y por Reforestación de Bosques, no ha tenido una consulta en las comunidades, sobre todo las comunidades indígenas, en ningún momento hemos sido parte, conocemos el programa a través del documento final, pero no en la construcción, en la formulación, pese a que somos habitantes de estas áreas protegidas, que va a impactar la carretera, como es el Ka Iya, el ANMI Otuquis, en ANMI San Matías. Son situaciones que se han ido manejando a nivel gubernamental, a nivel de instancias gubernamentales y que en ese nivel se han tomado desiciones de cómo implementar los programas de protección ambiental, de cómo beneficiarse de los recursos de compensación de los impactos de la carretera, pese a que los objetivos son importantes, como la de reforestar, reconstruir el corredor ecológico que va a ser fraccionado por la carretera, pero como actores sociales, como vivientes y partes de ese corredor ecológico, de ese ecosistema del bosque, de las áreas protegidas, no hemos sido considerados para opinar, peor para ser parte de la ejecución de estos programas.

¿Cómo evalúa la gestión de Areas Protegidas por parte de Estados y por organizaciones conservacionistas, mayormente extranjeras?

La verdad es que, pese a que el reglamento de Areas Protegidas indica de que se debe tener un Comité de Gestión conformado por los diferentes actores sociales e institucionales involucrados en una gestión ambiental, esto todavía no esta sendo práctico. Las planificaciones, la administración, el desarrollo de la protección y la ejecución de los programas ambientales en las diferentes Áreas Protegidas, todavía es tuición del Estado a través de sus organismos competentes, y los actores sociales solamente estamos siendo informados y de alguna manera a través de lo que es el Comité de Gestión, que funciona en algunas Areas Protegidas y en otras recién se están constituyendo los Comité de Gestión, nuestra participación como actores sociales es como veedor, simplemene vemos, escuchamos, y en función a lo que nos dicen, llegamos a avalar una gestión de la cual nosotros no somos parte en la elaboración, en la evaluación y peor aún en la fiscalización de estos programas

¿Qué cambios han habido en las comunidades colindantes o al interior de Areas Protegidas actualmente manejadas por el Estado y organizaciones conservacionistas?

Han existido cambios bastante fuertes, bastante drásticos, en la vida cotidiana del comunario. Sabemos de que el sistema económico y de subsistencia del comunario indígena es la caza, la pesca, la recolección – principalmente – hechos que los vive en una determinada área. Al implantarse las Áreas protegidas, las comunidades que quedan dentro y las que están en la zona de amortiguación del Área Protegida, cambia todo, cambia una tradicional forma de cazar, cambia una tradicional forma de pescar, porque se empieza a controlar la caza, la pesca de los comunarios, se tiene que tener permiso de los administradores de las Áreas Protegidas. Inclusive hemos llegado a tener casos de abuso, de maltrato de los GuardaParques a comunarios, por esta situación. Por otro lado, al promocionar las Áreas Protegidas programas conservacionistas, programas de investigación, programas turísticos, esto también incide sobre la vida del comunario, ya que están intorduciendo gente, no sólo nacionales, principalmente son extranjeros que vienen con otra mentalidad, vienen para extraer los recuros genéticos que existen en las comunidades y para robar nuestros conocimientos tradicionales, nuestra sabiduría de pueblos indígenas… al conversar con nosotros, al hacer entrevistas y los administradores de estas áreas protegidas, pues facilitan la llegada de esta gente y además facilitan las entrevistas, facilitan la conversación y la convivencia del comunario con estos investigadores, que a la larga no sabemos que resultados o que beneficios nos van a dar para nosotros.

¿Qué impacto ha tenido hasta la fecha la carretera Santa Cruz - Puerto Suárez, y que impactos se vislumbran luego de las obras de construcción?

Los impactos son múltiples. En el momento ya, que existe una brecha, una apertura, de lo que va a ser y por donde se va a direccionar la carretera transnacional de Santa Cruz – Puerto Suárez, vemos en riesgo nuestra cultura, nuestro medio ambiente, nuestro habitat y sobre todo nuestros sistemas económicos, de vida de pueblos indígenas. Hay impactos en la vida cotidiana del comunario, ya los estamos viviendo actualmente, hay impactos sociales, hay impactos culturales, hay impactos sicológicos, en todo este proceso. Ya lo estamos viviendo en muchas de las comunidades que también son afectadas por el gasoducto principal, en la que muchas de las comunidades, muchas de las familias, se han visto desmembradas por el tema de la migración a trabajar como mano de obra no calificada, por el tema de la invasión de la gente trabajadora y otra gente que ha llegado, se ha generado una presión fuerte sobre las familias, principalmente se ha inducido mucho el tema de la prostitución, se ha inducido mucho el tema de enfermedades, se ha inducido mucho el tema de introducir códigos de vida no adecuados o no vividos en la comunidad. Entonces, después de estos proyectos queda la desgracia en las comunidades y los demás, que son pasajeros, desaparecen, y nosotros heredamos todo lo malo. En el caso de la carretera, que es un impacto mucho más fuerte, estamos viendo de que el principal elemento que va a tener presión por la construcción de esta obra, van a ser nuestras tierras. Muchas de ellas no estan tituladas, va a haber una fuerte presión comercial sobre nuestras tieras. Entonces eso significa de que va a haber mucha migración de comunarios a centros poblados, con la espectativa de que nos hablan, de que el desarrollo o la mejor vida esta en las areas urbanas. Eso va a ser fuerte. Económicamente va a haber una fuerte presión sobre nuestros recursos naturales, sobre la vida, la flora, la fauna, que son medios de vida importante para el comunario. La destrucción del bosque, que es el mercado donde nos proveemos de los productos para subsistir, ni siquiera para vivr dignamente, sino es una subsistencia ya ahora, por el deterioro ya existente de todo el ecosistema de toda esta zona, de toda esta área, por los diferentes megaproyectos que estan atravesando esta región. Y vemos de que esta visión de desarrollo que nos están metiendo a la zona, simplemente va a ser para los de afuera, y nosotros quedaremos como peones, como cargadores, o en el peor de los casos, como mendigos a la orilla de la carretera. Política y organizativamente, nos vamos a ver fraccionados, la fortaleza organizativa que hoy nos ha tomado años construir y consolidar, y seguimos en esta situación, se va a vre fraccionada, porque nuestra gente va a empezar a migrar, va a empezar a tener nuevos códigos en de vida, se va a deteriorar la cultura y vamos a sufrir, si se quiere decir así, vamos a tener una cadena mucho más grande de intermediarios, que la que tenemos ahora, en la venta de los pocos productos agrícolas y pecuarios que tenemos y peor aún en el tema de los trabajos artesanales que tenemos que es rico en toda la zona. Entonces nada raro va ser de que en el futuro quienes ofrezcan productos indígenas van a ser otras personas que nada que ver con los que generan la materia prima o el producto original. Todos estos impactos que ya los estamos viviendo, y que otros ya los estamos visualizando, no van a ser paliados en ningún momento por un plan ni por un programa, peor aún por políticas del estado en que las organizaciones indígenas estamos fuera de la visión globalizadora que tiene las políticas del estado y las transnacionales, que son las que estan promoviendo todos estos sistemas de corredores de transportes, en este caso el corredor bioceánico, en la que quedaremos como comunidades y país de tránsito. Y nosotros como comunidades vamos a ver como sale de nuestros territorios, de nuestras comunidades, nuestros recursos genéticos, nuestos recursos naturales. Vamos a ver como nosotros como cultura vamos a ir desapareciendo, anexandonos a un sistema ecómico que nos van a imponer por el atractivo de la carretera.

¿Sobre los impactos materiales y morales, sicológicos, que ha tenido el proceso de consulta del corredor de transportes?

La verdad es que este proceso de consulta ha sido muy inducido. Ha tenido y ha levantado espectativas en las comunidades. Nos han emocionado, nos han hecho proyectar nuestras demandas, nuestras necesidades. Muchos de los comunarios hemos creido de que en realidad esta iba a ser una alternativa para mejorar nuestras condiciones productivas, de vida, de salud, de educación. Ya que los procesos de consulta simplemente ha sido una oferta, una propuesta y un levantamiento de las necesidades de las comunidades, argumentando o creando ciertas espectativas de que estas van a ser paliadas por el plan de compensación que va a tener la carretera. Muchos ya nos hemos marcado ciertas espectativas, de las cuales, concluido el proceso de consulta, vemos de que no son ciertas. Vemos de que hay un plan de protección socioambiental que no refleja la magnitud de la obra, no refleja la magnitud del impacto ambiental, ecológico, social, cultural, que va a tener la zona, porque el presupuesto es mínimo y los daños son grandes. En las comunidades también se vive esta situación y pensamos nosotros de que hemos sido de alguna manera utlizados, simplemente con un show de consulta, haciéndonos creer que nos están consultando, para que, a través de la firma de los comunarios que asisten a esas reuniones, que no son más que reuniones inducidas y manipuladas, se conviertan en actas de aval para la adquisición de todo lo que son las fichas ambientales y todo lo que buscan las empresas consultoras.

¿Frente a todos los impactos inducidos por la carretera Santa Cruz – Puerto Suárez, que estrategias vislumbra la CPESC para enfrentar todos estos cambios?

La verdad es que estamos en una situación bastante “grave”, vamos a decir así, frente a la invasión de la política del estado, que esta respondiendo únicamente a todo lo que son las trasnacionales, al sistema neoliberal – globalizador, y ahora, a todo lo que responde y a las exigencias que esta planteando lo que va a ser el Area de Libre Comercio de America Latina. Esto nos lleva a nosotros a pensar seriamente en cómo vamos a conservar nuestra cultura, cómo vamos a conservar nuestros ecosistemas, nuestros habitats en los cuales nosotros desarrollamos nuestras vidas, desarrollamos nuestra sabiduría, desarrollamos nuestras actividades reproductivas y cotidianas de vida. Dentro de estas estrategias hemos empezado primero a presionar para que el plan de compensación de la carretera tenga un presupuesto mínimamente razonable en relación a los impactos que se van a ver. En otras condiciones estamos viendo de que muchas, en realidad casi tidas las normas que están vigentes en el país, favorecen a los empresarios, favorecen cualquier sistema de inversión ecónomica, y no así se implementan políticas sociales, políticas dirigidas a promover la economía de las comunidades indígenas, campesinas, rurales que estan en la zona de influencia de estos mega proyectos, y particularmente de la carretera. Para eso, como organización estamos fortaleciéndonos en el marco de tomar desiciones conjuntas, presionar al estado de manera social, de manera articulada, desde la comunidad hasta las diferentes organizaciones matrices que conformamos el movimiento indígena, proponiendo al estado, proponiendo al gobierno reformas a las diferentes leyes, particularmente lo referido a las leyes relacionadas con los recursos naturales: ley forestal, código de minería, hidrocarburos, la ley de tierras, y muchas de estas leyes, que en realidad siguen siendo todavía contrarias a los derechos de los pueblos indígenas. Como un desafío social, como una avanzada mucho más fuerte y un desafío al estado nacional, las organizaciones sociales, particularmente de las tierras bajas, hemos planteado al estado, reformar, reorientar lo que es la Carta magna del país, la Constitución Política de Estado, pero no a través del mecanismo del rodillo parlamentario, sino a traves de un mecanismo que es la Asamblea Nacional Constituyente, para que a partir de que consolidemos una Bolivia tal como la refleja su sociedad y lo quiere la sociedad, podamos también nosotros, de alguna manera protegernos de la invasión económica de las transnacionales, de la invasión – en este caso – de terratenoentes que van a empezar a ofrecer, van a empezar a promover, y van a empezar inclusive a corromper a comunarios y organizaciones por apoderarse de las tierras y de los recursos naturales que hay en la zona. El reto y el desafío es muy grande, y pensamos nosotros de que es un desafío a largo plazo y mientras ocurra todo este sistema, vamos a ofrecer resistencia organizativa, resistencia cultural, resistencia a todo lo que sea violación de nuestros derechos, para poder subsistir unas cuantas generaciones más como cultura y pueblos indígenas.

¿Qué conflictos han surgido, y cuales otros cree que emergan como fruto de este proyecto de construcción?

Bueno, conflictos van a haber suficientes. Uno de los principales conflictos que vislumbramos nosotros sobre el tema de la tenencia de la tierra. Va a haber una fuerte presión sobre nuestras tierras y hay una negligencia y hay una parcialidad y hay una política de no titular comunidades que están “atractivas”, vamos a decir así, en el tema de recursos naturales y que empresarios o megaempresas están poniendo el ojo en nuestras tierras. Entonces, ese va a ser una conflcito bastante fuerte, del cual esperamos salir victoriosos, con los títulos de nuestras tierras. Otro de los conflictos que se va a generar, pues va a ser el tema de la migración. A través de la carretera va a migar gente, no sólo nacional, no sólo del país y del departamento, sino también internacional, va a ser un tránsito de países a países. Entonces esa migración va a traer consigo afectación a nuestras comunidades y principalmente a nuestra cultura, porque a traves de la migración a va haber una segregación, vamos planterlo así, de otras culturas con nuestras culturas y se va a empezar a haber unas mezclas culturales, de la cual nosotros vamos a ser los más afectados como pueblos inígenas de la zona. Económicamente para nosotros el proyecto de la carretera no es el fuerte, porque nosotros como productores no podemos ni llenar un camión, para hacer nuestra comercialización. Lo que sí vemos que, vamos a ser simplemente proveedores de materia prima, proveedores de mano de obra barata y eso va a llevar a la destrucción de la economía familiar de las comunidades indígenas. Por otro lado, el tema de la conservación del medio ambiente, la conservación del bosque, que es el elemento vital de los pueblos indígenas, también va a estar altamente presionado, porque va a haber un atractivo de recursos naturales para las transnacionales, que el estado esta promoviendo de que se aperture esta situación, con el simple hecho de que tenemos que generar divisas en el país y no importa quien les demos recuros naturales. Las leyes no son favorables a nosotros, si bien hay reconocimiento de derechos, cuando el estado quiere expropiar o apropiarse de recursos naturales o de espacios de tierra, simplemente aplica la misma Constitución, donde dice que se declara “utilidad pública”, y por lo tanto nuestros derechos quedan al margen de caulquier situación. Son conflictos bastante fuertes que se van a dar, va a haber un proceso, va a haber un cambio en la vida cotidiana de las poblaciones urbanas de los diferentes pueblos a la orilla de la carretera, inclusive el sistema de comercio va a ser diferente. Vislumbramos también que a través de esta migración de gente, de la presión de la gente que va a haber, aumentarán pues también las enfermedades, no sabemos que tipo de gente entra, con que virus llega a la zona, entonces podemos inclusive por enfermedades de fuera, extirminarnos nosotros como pueblos indígenas, porque no tenemos anticuerpos o porque andamos vitalmente en un espacio de subsistencia, entonces no vamos a resistir amuchas otras enfermedades que vamos a vivir, y sobre todo, el conflicto mayor que vamos a tener, es la destrucción de los culturales, de los valores morales, cuando nos convirtamos simplemente en objetos de este proceso de desarrollo.
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Por: Emir Iskenderian Aguilera

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